La SCJN puso un ultimátum a los tres poderes del estado de Morelos para que cumplan con 116 sentencias, ordena el pago de las pensiones de los trabajadores TSJ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso un ultimátum a los tres poderes del estado de Morelos para que cumplan con 116 sentencias en las que se ordena financiar el pago de las pensiones de los trabajadores adscritos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Este lunes, el Máximo Tribunal del País público en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general aprobado por los ministros el día 25 de febrero, en el que se concede diez días hábiles al Poder Judicial para que detalle al Legislativo el monto que requiere para solventar el pago de las pensiones; una vez que los diputados locales tengan dicho informe tendrán otros días hábiles para autorizar la partida presupuestal, y finalmente, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tendrá un plazo similar para que se concrete la ministración de recursos al TSJ para que este poder pague las pensiones correspondientes al respectivo bloque de controversias conforme el orden cronológico de los asuntos.

En caso de que los tres poderes de Morelos no cumplan con esta resolución, la SCJN procederá a la destitución y consignación ante el juez de distrito competente por contra los funcionarios por desacato.

Como se recordará en abril del 2018, un grupo de trabajadores jubilados se plantaron en la sede del Poder Judicial de Morelos para exigir el pago de sus pensiones que estuvieron suspendidas por una controversia promovida por la magistrada presidenta María del Carmen Cuevas López contra los decretos jubilatorios aprobados por el Congreso del Estado, que ordenó pagar dichas pensiones con cargo al presupuesto del Poder Judicial.

En ese momento, la magistrada argumentó ante la Corte que los diputados locales invadieron su esfera de competencia y que el Poder Judicial no contaba con recursos para solventar el pago de dichas pensiones. Por otra parte, la Primera y la Segunda Sala de la SCJN emitieron diversas resoluciones en controversias constitucionales, sin embargo, después declararon la invalidez de los propios decretos emitidos por la Legislatura de Morelos.

A pesar de ello, el Poder Ejecutivo ha transferido diversos cantidades al Poder Judicial para que se efectúen los pagos a los trabajadores afectados, tan sólo la actual administración ha destinado entre 20 a 23 millones de pesos para el amortizar el pago de alrededor de 40 pensiones.

Sobre este acuerdo de la Corte, el consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado informó a este medio que el Ejecutivo analiza dicho documento, el cual de entrada, dejó en claro no genera preocupación alguna a este poder que acatará la resolución una vez que llegue el momento.

El abogado del estado, admitió que este tipo de acuerdos de la SCJN causa “alarma” entre algunos por los apercibimientos que se contemplan contra los funcionarios si incurren en desacato, pero en este caso, insistió que lo importante es que los tres poderes podrán resolver y cumplir progresivamente por los diez días hábiles concedidos a cada uno.