La ONU exige a Riad que suspenda la ejecución de seis jóvenes detenidos cuando eran menores

Fueron condenados a muerte por participar en las manifestaciones que surgieron en 2011 al calor de la Primavera Árabe

Con la sombra del crimen de Yamal Khashoggi aún cerniéndose sobre el reino y su futuro, un grupo de expertos de la ONU ha instado a Arabia Saudí a suspender la ejecución inminente de seis jóvenes que fueron detenidos cuando no habían alcanzado la mayoría de edad y condenados a muerte más tarde por participar en las manifestaciones que surgieron en 2011 al calor de la primavera árabe.

“Se enfrentan a una ejecución inminente. Fueron arrestados y sentenciados a muerte por cargos que consideramos una criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales, incluidas las libertades de reunión y expresión cuando tenían menos de 18 años”, clama un comunicado firmado por cinco expertos de la organización internacional, entre los que figura el investigador principal de ejecuciones arbitrarias Agnes Callamard.

En el listado de los jóvenes sobre los que pesa la amenaza cierta del cadalso se encuentra el chií Ali al Nimr, de 24 años y sobrino de Nimr al Nimr, un conocido reformista chií ejecutado a principios de 2016 por liderar las protestas pacíficas que tomaron las calles de la provincia saudí de Al Qatif exigiendo el fin de la discriminación a la minoría chií del país y una reforma constitucional. Completan los condenados a la pena capital Dawud al Marhun, Abdalá al Zaher, Mujtaba a Sweikat, Salman Qureish y Abdulkarim al Hawaj.

El comité de expertos denuncia, además, que “fueron presuntamente torturados y maltratados, forzados a confesar sin acceso a una asistencia legal adecuada durante el juicio ni a una mecanismo de recurso efectivo”.

Como Estado firmante de la convención de los derechos del niño, Arabia Saudí tiene la obligación de tratar a todos los menores de 18 años como niños y no deben ser objeto jamás de la pena capital. En tales circunstancias, la ejecución de estas seis personas serían arbitrarias”, desliza el comunicado, especialmente crítico en mitad de un contexto marcado por el asesinato de Khashoggi en el consultado saudí de Estambul a principios de este mes.

El informe de los expertos celebra la revisión de la legislación sobre menores de edad llevada a cabo recientemente por el reino ultraconservador pero lamenta que “las reformas introducidas en la ley siguen sin proteger adecuadamente a la infancia”.

“La norma aún permite aplicar la pena capital a condenados entre 15 y 18 años”, se quejan desde la ONU. A su juicio, Riad debería poner en libertad de inmediato a todos aquellos menores que fueron sometidos a procesos injustos.

“Arabia Saudí debe reformar su legislación para prohibir sin ambigüedades la imposición de la pena de muerte a niños”, sugiere el comité, que permanece en contacto con las autoridades saudíes.

Ajenos a las llamadas de la comunidad internacional, Ali y los otros cinco jóvenes llevan años en el corredor de la muerte saudí. “Cada día que pasa la espada está más cerca de su cuello”, reconoció Mohamed al Nimr, padre del condenado a muerte, en una entrevista concedida a EL MUNDO en 2015.

“Le hemos rogado al rey Salman que le perdone pero aún no hemos recibido respuesta. No queremos que Francia, Reino Unido o la ONU presionen a Salman. Sólo pedimos que el rey escuche las peticiones de los países amigos”, agregó.Un ruego que ni Salman ni su hijo, el príncipe heredero Mohamed bin Salman, -el rey ‘de facto’- han atendido desde que llegaran a palacio en 2015. En mayo de 2014, Ali fue condenado a la pena capital por atacar presuntamente a la policía, enseñar primeros auxilios a los participantes en las protestas que estallaron en plena primavera árabe, usar su BlackBerry para difundir la convocatoria y estar en posesión de armas de fuego.

Bajo un intenso escrutinio por sus continuadas violaciones de derechos humanos, la monarquía saudí trata de sepultar el caso Khashoggi, que ha traído a primera plana la campaña de bombardeos iniciada en Yemen en 2015 con más de 10.000 víctimas civiles o la cadena de arrestos de reformistas y mujeres activistas.

Según el último informe anual de Amnistía Internacional, Arabia Saudí es el tercer país en ejecuciones del mundo, solo superado por China e Irán. Un tercio de las ejecuciones dictadas desde hace tres décadas se han basado en cargos que no forman parte de los crímenes más graves punibles con pena capital por el Derecho Internacional.

Conforme al sistema saudí, inspirado en la ‘sharia’ (legislación islámica), se castigan con la muerte el asesinato, la violación, el robo, la apostasía y el tráfico de drogas. Ante la ausencia de código penal, las vagas definiciones citadas en la ‘sharia’ favorecen los fallos arbitrarios y provocan sentencias contradictorias.En el caso del tráfico de drogas, la judicatura se basa en una ‘fetua’ (decreto islámico) promulgada en 1987 por el Consejo Superior de Ulemas del reino que establece la pena capital para todo traficante de drogas que introduzca sustancias prohibidas en el país así como en la ley para combatir el consumo de drogas aprobada en 2005. Amnistía ha advertido reiteradamente de que el defectuoso sistema saudí “facilita las ejecuciones a una escala masiva”.

 

FUENTE:  El Mundo