Engaña Gobierno del Estado a la Fiscalía con su autonomía financiera

De la ampliación presupuestal de 406 millones sólo le ha dado cinco, revela Uriel Carmona Gándara en Comparecencia.

Cuestionan Diputados al Fiscal General del Estado sobre incidencia delictiva, fosas clandestinas y feminicidios.

Al comparecer ante diputados, que lo cuestionaron con insistencia acerca de los índices delictivos y la falta de resultados en rubros como desaparición de personas, feminicidios, combate a delitos de alto impacto y las fosas de Jojutla y Cuautla, el titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, reveló que la autonomía financiera de la dependencia ha quedado en el papel porque el Gobierno del Estado no le ha depositado los recursos autorizados.

Luego de presentar una exposición en la que hizo un resumen optimista de los resultados de su gestión, y ante cuestionamientos de los legisladores, el funcionario reveló que la Fiscalía tenía originalmente para este año un presupuesto de 370 millones 330 mil pesos, que le fue incrementado en 406 millones al decretarse su autonomía, para ejercer en total 776 millones 448 mil pesos, pero de la ampliación presupuestal la Secretaría de Hacienda del Estado solamente le ha entregado cinco millones de pesos.

Como ejemplo de que la Fiscalía requiere de recursos, mencionó que “el Servicio Médico Forense está muy rebasado, nos urge el incremento presupuestal para ampliar nuestras cámaras frigoríficas, no obstante que contamos con una instalación nueva también pendiente de entregarse en Temixco, donde tenemos el área de Periciales de primer nivel”, que sin embargo no es para guardar cuerpos, sino para trabajar los estudios de necropsia y de identificación humana, aunque “estamos muy lejos de una situación como la que ocurrió en Jalisco”, “pero sí estamos rebasados, si no lo resolvemos de inmediato a través de la inversión, nos vamos a acercar a esos extremos”.

Por su parte, la diputada Rosalina Mazari Espín, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincidió en lo poco que se hace con personal que tiene bajos salarios y carece de insumos, al inquirir sobre el trabajo del Fiscal ante la nueva capacidad de gestión de la dependencia a su cargo, para combatir la impunidad frente a indicadores como el que señala que Morelos tiene el séptimo lugar a nivel nacional de mayor violencia y en la comisión de delitos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 del Inegi, que precisa que se cometen 33 homicidios y 12 mil 201 extorsiones por cada 100 mil habitantes.

En su oportunidad, el diputado presidente de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, se manifestó porque la Fiscalía, tal como lo comprometió su titular, castigue a los responsables de las fosas de Jojutla y Cuautla, al tiempo de señalar que los bajos salarios en la dependencia no justifican, por ejemplo, que policías de Investigación Criminal puedan incurrir en extorsión a los ciudadanos.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que el Fiscal “es parte de ellos, sí, de aquellos que fueron nombrados por la anterior legislatura, de esa manera rápida, feroz, con esas componendas, esas complicidades, fue nombrado por nueve años y se dice que recomendado desde la Ciudad de México y de los altos mandos”, cuando “los aquí presentes han sido testigos de esta historia de corrupción, enriquecimiento inexplicable de los altos funcionarios, actos salvajes que no podemos ya sostener en nuestro estado”, donde hubo componendas entre los poderes, “con un Legislativo arrodillado y estirando la mano a cada orden del Ejecutivo estatal, cobrando los favores, y un Poder Judicial que no estuvo a la altura de los contrapesos de un estado republicano”.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Keila Celene Figueroa Evaristo, cuestionó que ha fallado de la política de seguridad implementada por el gobernador, para que nuestro estado sea prácticamente un cementerio ante la grave crisis de violencia, y señaló que desgraciadamente Morelos es reconocido nacional e internacionalmente por sus fosas clandestinas, las de Tetelcingo, donde se encontraron cerca de 120 cuerpos y las de Jojutla, donde el panteón municipal fue destinado para la construcción de tres fosas donde fueron localizados más de un centenar de cuerpos.

Pidió al Fiscal General “justicia, no venganza”, al pronunciarse porque inicie una investigación de oficio en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, una vez que concluya “su fallia administración”, de lo contrario él “nos habrá fallado y deberá renunciar”.

Del Grupo Parlamentario del PT, el diputado José Casas González sostuvo que en Morelos en cinco años no hubo justicia, solo la hubo para los adversarios del régimen y justicia y gracia para todos los aliados de este gobierno; dijo que llegó gente de Tabasco y Tijuana que han impuesto arbitrariamente el golpeteo cruel y abusivo en contra de los morelenses, pero eso se acabó y “esta Soberanía, con la legitimidad otorgada el 1º de julio, revocará todo lo que sea dañino para el pueblo”.

Anunció que el Poder Ejecutivo empezará por abrir las fosas clandestinas de Jojutla y de Cuautla para hacer justicia a las familias de las víctimas; “aclaramos y anticipamos, no habrá escenografía política para la foto, solamente justicia, no habrá excepciones, no habrá distingos, insisto, solo habrá justicia. Usted ya está en el cargo, lo invitamos a que lo ejerza, no se comprometa con situaciones políticas que no son de usted, y lo suyo debe ser solamente jurídico”.

La diputada Erika García Zaragoza, también del PT, lamentó la falta de información acerca de las personas que desde la entidad han sido sustraídas para ser explotadas, pero tan solo entre agosto y lo que va de septiembre, de acuerdo con reportes de la propia Fiscalía, hay 13 mujeres que han desaparecido y siguen sin ser localizadas; cuestionó el trabajo de la dependencia en respaldo de sus áreas orientadas a la desaparición de personas, el secuestro y los hechos de corrupción.

Del Grupo Parlamentario de MORENA, la diputada Alejandra Flores Espinoza denunció que la implementación de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de la entidad, desde el año anterior, no inhibió la comisión de delitos en contra de las mujeres morelenses, en específico el delito del feminicidio y las desapariciones, ya que de acuerdo a las fichas de levantamientos de la propia Fiscalía, se tienen cerca de 200 mujeres muertas desde que se emitió esa medida, sumando así 404 feminicidios en el sexenio, 52 de ellos en lo que va de 2018.

En su oportunidad, la diputada coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, cuestionó los índices reales en la disminución o incremento de la violencia en los siete meses que van de la gestión del actual titular de la Fiscalía General, al señalar que “se presume que los índices de delincuencia han disminuido de forma constante y que Morelos ya no figura dentro de las 10 entidades con mayor índice de delincuencia”, pero la estadística de la asociación Alto al Secuestro sostiene que en la tasa acumulada de la administración, nuestra entidad ocupa el sexto lugar en ese ilícito en el país.

También hicieron uso de la palabra, las diputadas Blanca Nieves Sánchez Arano, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza (PNA), y Cristina Xochiquétzal Sánchez Ayala, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Humanista, en lo que fue la última de 17 comparecencias programadas en el marco de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno.