Aclara TSJ que ex funcionaría no fue exonerada de los cargos

COMUNICADO DE PRENSA

Respecto al proceso judicial de exfuncionarios de la pasada administración, el Tribunal Superior de Justicia efectúa las siguientes precisiones:

El caso de la exfuncionaria y extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Patricia “N”, se analizaron el audio y vídeo de la audiencia respectiva, se determinó, con base a los datos aportados, no vincular a proceso a la exsecretaria; esta resolución no es definitiva, queda la facultad al órgano investigador para la continuación de la investigación correspondiente, aclarando, por lo tanto, que NO FUE EXONERADA. El proceso sigue vigente para continuar con la investigación, pues la fiscalía cuenta con recursos jurídicos, en virtud de estar en una etapa inicial.

Aunado a lo anterior, es necesario destacar que el proceso sigue su curso natural conforme lo establecido y conocido por la propia fiscalía, es decir, aún puede ésta, investigar y formular imputación con la información recabada en su investigación, si así lo considera.

Por lo que respecta a Gonzalo “N” y Hugo “N”,  fueron imputados por el delito de Ejercicio ilícito de servicio público, se confirmó la vinculación a proceso decretada por el Juez de Primera Instancia, continuando las fases procesales respectivas, ante el órgano jurisdiccional del Sistema Acusatorio Adversarial, quienes de igual forma, tienen los recursos legales en caso de inconformidad.

Se puntualiza, además, que los funcionarios, antes citados, fueron imputados por diverso delito, cuyas características revisten de diferencias y elementos distintos a los señalados para la extitular de la Secretaría de Obras Públicas.

Cabe destacar, que las resoluciones dictadas en segunda instancia, son analizadas, estudiadas y sancionadas colegiadamente. En el caso de la extitular de la Secretaría de Obras Públicas, dos magistrados coincidieron en los argumentos señalados en la inconformidad de la imputada; mientras que en el de ilícito imputado a los diversos citados, la sala respectiva votó por unanimidad.  

La responsabilidad para defender el Estado de Derecho es de todas las instituciones; las resoluciones deben ser discutidas en los Tribunales por los medios legales correspondientes y así evitar informar de forma errónea a la sociedad.