Causa inconformidad designación del nuevo fiscal entre víctimas y abogados; la CEDH promoverá acción de inconstitucionalidad

La designación del notario Uriel Carmona Gándara como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha generado inconformidad entre las comisiones de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos, quienes incluso cuestionan que este cargo sigue siendo botín político de los diputados.

De hecho, la permanencia del nuevo fiscal por un periodo de nueve años ha sido considerada como excesiva por el propio ombusdman de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito, quien anunció que la próxima semana promoverá una acción de inconstitucionalidad a petición de algunas agrupaciones de abogados.

Lizbeth Cerón Salinas, representante del Colectivo de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos manifestó su preocupación por este nuevo cambio en la Fiscalía tras señalar que teme que se paralicen las carpetas de investigación de los desaparecidos; por otra parte, cuestionó la decisión unilateral que tomaron los diputados que no consideraron a los familiares de desaparecidos.

A su vez, Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados manifestó su descontento por la designación de Carmona Gándara por ser un hombre que está cuestionado por estar presuntamente involucrado en la adquisición de inmuebles de manera irregular en su paso como notario público.

“Habíamos tenido un avance significativo en procuración de justicia y creemos que este fiscal está sometido al Ejecutivo y que se use esta representación social en venganza contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo”.