Temen el fin de su sueño en Estados Unidos

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San Diego.

El indocumentado mexicano Atzel Ramírez es, a sus 22 años, estudiante de posgrado en Ingeniería en Computación, encargado del sistema de cómputo en una universidad de San Diego y asesor del rector y demás personal académico del plantel.

“Nada de esto sería posible si no fuera por DACA”, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que firmó en 2012 el entonces presidente Barack Obama, platicó Ramírez a Excélsior.

Hace casi cuatro años se inscribió al programa y desde entonces su vida cambió. “Básicamente la diferencia está en vivir siempre con miedo, caminar por las calles viendo sobre el hombro, con dificultad para tomar decisiones, y saber que no te van a deportar, que puedes buscar trabajo, estudiar lo que quieras, ir a donde quieras o a donde necesites”.

Llegó de León, Guanajuato, en compañía de sus padres cuando iba a cumplir cinco años y ha estudiado desde preprimaria hasta universidad en San Diego.

Atzel es uno de los más de 787 mil jóvenes acogidos hasta ahora al programa de Acción Diferida, que permite a los jóvenes indocumentados llamados dreamers permanecer, trabajar, estudiar y desplazarse por el país de forma legal durante dos años, con opción de renovarse.

Pero ahora el programa se encuentra en riesgo porque un grupo de diez gobernadores republicanos exige que el presidente Donald Trump termine con DACA antes del 5 de septiembre, o advierte que demandará al gobierno  por permitir que los indocumentados sigan en el país.

Los gobernadores, encabezados por el texano Greg Abbott, advierten a Trump que si no cancela DACA antes de esa fecha, demandarán colectivamente a la administración federal, con lo que de paso dejarán en suspenso el programa en todo el país.

Además, el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, dijo que si esa demanda procede, su departamento no defenderá a los jóvenes indocumentados.

La demanda de los gobernadores y el apoyo de Kelly parecen contradecir la posición de Trump.

Cuando fue candidato, Trump prometió reiteradamente que terminaría con DACA porque todos los jóvenes acogidos son indocumentados. Pero desde que llegó a la Presidencia sólo ha hablado dos veces del programa, y en ambas dijo que es un “tema que hay que abordar con el corazón”, porque se trata de “jóvenes realmente brillantes”.

La ofensiva de los gobernadores y Kelly también ha motivado una movilización en numerosas ciudades en defensa de los jóvenes y del programa de DACA.

Itzel Guillén, coordinadora de DACA en la organización Alianza San Diego, informó que su agrupación lanzó una campaña para que todos los jóvenes que lo deseen pueden solicitar citas con abogados confiables de migración, sin costo alguno, para informarse fidedignamente de su situación.

Cada joven indocumentado puede solicitar su inscripción a DACA al cumplir 15 años, pero desde que Trump llegó a la Casa Blanca, muchos temen proporcionar su información completa y confidencial al gobierno.

“¿Qué es más riesgoso, estar en un programa que ofrece todas las ventajas a los jóvenes, del que no se sabe si se va a presentar una alternativa, pero que sentimos que debe continuar, o estar completamente indocumentado con riesgo a ser deportado”, cuestionó Guillén, también joven indocumentada mexicana.

Sin poder renovar DACA, los jóvenes no solamente quedarían expuestos, sino que el gobierno tendría su información y nadie podría asegurar que la administración se abstenga de usar esos datos para hacer alguna detención.

“No podemos permitir que eso ocurra”, dijo Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alianza San Diego; los jóvenes soñadores “son nuestros estudiantes, son nuestros vecinos, nuestros amigos, son nuestra familia, son parte de nosotros; cualquier cosa que les pase nos impacta a todos como comunidad”.

De acuerdo con su organización, tan sólo en el condado de San Diego los jóvenes soñadores son al menos uno de cada cinco indocumentados. Hay ciudades donde el porcentaje es mayor.

Por eso cada ciudad realiza alguna movilización con estrategias particulares para demandar que el programa continúe.

Esta semana en Austin, Texas, 15 manifestantes fueron detenidos en una protesta, entre ellos cuatro dreamers que ahora quedan en situación muy vulnerable, pues uno de los requisitos del programa es carecer de antecedentes penales y los cuatro detenidos fueron fichados.

En defensa de los jóvenes y del programa, los procuradores generales de 20 estados, encabezados por el de California, Xavier Becerra, enviaron una carta a Trump para recordarle que poco después de asumir el cargo, dijo que tomaría el asunto de los jóvenes soñadores de corazón y criticaron a los gobernadores que exigen el fin de DACA.

“En lugar de aterrorizar a los jóvenes y adolescentes, debemos capacitarlos para que cumplan su potencial”, declararon Becerra y los demás procuradores.

Carecer de documentos es mayor riesgo en un condado fronterizo como San Diego, donde hay más de tres mil oficiales de migración y, por la cercanía a la frontera, podrían detener y procesar para deportar de manera expedita.

Andrea Guerrero dijo que las organizaciones civiles harán cuanto puedan para prevenir que el gobierno desmantele el programa, “no queremos que regresen las condiciones que había en San Diego antes de DACA”, dijo.

Explicó que, en ocasiones, las autoridades de migración hacían redadas en el transporte público, detenían a estudiantes de secundaria y preparatoria cuando se dirigían a clases;  al día siguiente, esos jóvenes llamaban a sus padres desde Tijuana, donde nunca antes habían estado.

Ley del Sueño

En medio del dilema por la exigencia de los gobernadores a que termine el programa, esta semana surgió una nueva esperanza para los jóvenes soñadores. Dos senadores presentaron una nueva propuesta de ley que podría incluso otorgar la residencia legal a los jóvenes soñadores que se hayan acogido a DACA.

Los senadores demócratas Richard Durbin y republicano Lindsey Graham proponen que, al renovarse el próximo año el DACA, se modifique para permitir que los soñadores se queden legalmente en el país.

Ambos legisladores llaman a su propuesta la Ley del Sueño 2017, en referencia a que los jóvenes indocumentados crecieron en Estados Unidos y lo sienten como su país natal y ahora aspiran al llamado sueño americano.

Si el proyecto se aprueba en el Congreso, los soñadores tendrían una condición migratoria de residencia legal condicional, por lo que no podrían ser deportados.

La  propuesta de ley dice que los jóvenes que se acogieron al DACA demostraron su confianza en el gobierno al proporcionar datos confidenciales, por lo que el gobierno debe corresponderles.

Vía EXCELSIOR

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