Ayuntamiento de Cuernavaca clausura obras de construcción de la nueva sede legislativa

La Dirección de Protección Civil de Cuernavaca colocó sellos de suspensión en la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo por incumplir con las medidas de seguridad para los trabajadores.

Lo anterior fue confirmado esta mañana por el secretario Jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, José de Jesús Guízar Nájera quien informó que después de que Protección Civil a cargo de Fernando Manrique Rivas corroboró que los trabajadores están laborando al interior y exterior sin cascos, arneses, chalecos y sin señalamientos determinó suspender la obra que se ubica en la calle Dr. Guillermo Gándara de la colonia Amatitlán.

“Se está actuando conforme a derecho el objetivo de esta suspensión es que la Secretaría de Obras Públicas subsane estas deficiencias para evitar que se registre la pérdida de vidas”.
El funcionario dijo que después de esta diligencia los trabajos de construcción deben estar suspendidos.
Sobre la petición de los comerciantes del mercado Adolfo López Mateos de que se suspenda definitivamente esta obra, el funcionario dijo desconocer esa solicitud.

Por su parte  el titular de esta dependencia municipal Fernando Manrique Rivas,  informó que ésta es la segunda ocasión que el encargado de la obra le niega el acceso al personal de Protección Civil para poder realizar la inspección de rutina por lo que ante esta negativa se procedió a colocar los sellos de suspensión en esta obra ubicada en la calle Doctor Guillermo Gándara de la colonia Amatitlán.

De hecho, agregó que mientras estaban en la parte exterior de la obra se percataron que los trabajadores estaban laborado sin arneses, línea de vida, cascos y chalecos.

Asimismo lamentó que la constructora crea que por ser una obra del gobierno del estado mo tiene que estar sujeta a estas inspecciones.

En caso de que persista una negativa de la constructora,  Protección Civil municipal podría clausurar de manera parcial o total esta obra.
Por lo pronto a la constructora se le aplicará una sanción económica que va desde los 500 hasta los 1000 salarios mínimos por negarse a la inspección, por poner en riesgo a la población y a los trabajadores.