Modifican diputados Ley del Instituto de crédito para terminar conflicto con sindicatos y jubilados

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Decisión de los legisladores lleva a sindicalistas a levantar plantón ubicado en el acceso principal del Congreso.
Los diputados de la LIII Legislatura aprobaron reformas a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), que reducen el porcentaje del salario que será retenido como aportación a los afiliados y equilibran la integración del Consejo Directivo, como resultado de una intensa mesa de negociación efectuada entre legisladores y representantes de los sindicatos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de diversas organizaciones de Jubilados y Pensionados.

Las reformas que también definen a los pensionistas beneficiarios del Instituto, fueron propuestas por el Grupo Parlamentario del PRD con el apoyo de los Grupos y Fracciones Parlamentarias del PRI, Nueva Alianza y PSD, y fueron aprobadas por unanimidad.

A la aprobación de las reformas siguió la de un exhorto dirigido a la Directora del Instituto de Crédito para que se conduzca con respeto hacia los afiliados y evite el burocratismo, ambas se dieron en medio de aplausos de integrantes de los sindicatos mencionados, presentes durante la sesión ordinaria de este miércoles, quienes de inmediato se trasladaron al acceso principal del Congreso del Estado para levantar el plantón que mantenían desde mediados de julio pasado.

Las reformas incluyen establecer en el artículo 2 que es “la autoridad competente” quien determine las cuestiones jurídicas del Instituto o la validez de las decisiones tomadas ahí, mientras que en el artículo 3, que habla de los beneficios y beneficiarios, se modifica la fracción IV sobre la cuota que aportará el trabajador, reduciéndola del 6% al 2.25% de las percepciones totales.

En la fracción XXI, también del artículo 3, se define al Pensionista como la persona física que recibe periódicamente una cantidad de dinero por concepto de pensión “por el trabajo desarrollado en gobierno del estado o municipio”.

En este apartado sobre el Patrimonio del Instituto se adiciona un artículo 14 Bis para definir como ingresos totales a todas las percepciones efectivas vía nomina, incluyendo dietas, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra percepción, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo o gastos de viaje en actividades oficiales que perciban los afiliados.

En el artículo 9, sobre las cuotas de los afiliados, se indica que serán utilizadas preferentemente para el otorgamiento de créditos, se modifica para quedar una retención del 2.25 por ciento de la percepción total y se devolverán en los supuestos previstos en el Reglamento y demás normativa aplicable.

En el artículo 12 se indica que el Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto y su integración se modifica a partir de la fracción V en adelante quedando así:

La persona titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal;
La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal;
La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Entidades Paraestatales;
La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos;
La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos;
Una Persona representante de la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación;
Una persona representante de asociaciones de trabajadores pensionados y jubilados en los entes públicos.

En el artículo 13 se establece que, en las sesiones del Consejo Directivo, previa solicitud y autorización, podrá asistir un invitado en representación de la parte patronal y trabajadora de los ayuntamientos, organismos descentralizados, desconcentrados y paraestatales con derecho a voz, pero no de voto, siempre y cuando se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas con el Instituto.

Del capítulo V de las aportaciones, cuotas y retenciones, en el artículo 41, se modifica la cantidad quedando de la siguiente manera: “Tienen el carácter de obligatorias las aportaciones a cargo de los entes obligados, cuya base de cotización será el 2.25% sobre las percepciones totales” constantes de los afiliados, las cuales deberán quedar consignadas en sus respectivos Presupuestos de Egresos.

En cuanto al artículo 42: Tienen el carácter de obligatorias las cuotas a cargo de los afiliados, cuya base de cotización será el 2.25% sobre sus percepciones constantes, mismas que serán retenidas por los entes obligados y enteradas al Instituto en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás normativa aplicable.

Una vez votado el dictamen, hicieron uso de la tribuna para externar sus opiniones los diputados Víctor Manuel Caballero Solano, Jesús Escamilla Casarrubias, Leticia Beltrán Caballero y Edith Beltrán Carrillo, quienes coincidieron en que era necesaria una mesa de negociación para alcanzar los consensos y reformar la Ley en beneficio de los trabajadores.

En su oportunidad, el diputado Jaime Álvarez Cisneros reconoció los acuerdos e indicó que sólo a través del diálogo se logran las de reformas de fondo, mientras la diputada Hortencia Figueroa Peralta señaló que toda ley es perfectible y se sumó a este logro de los trabajadores.

Finalmente, la diputada Silvia Irra Marín propuso un punto de acuerdo, que fue aprobado por unanimidad, para exhortar a la titular de ICTSGEM, Verónica Martínez García, para que se conduzca de manera respetuosa ante los trabajadores afiliados y evite engorrosos trámites para otorgarles algún crédito.

Los diputados Aristeo Rodríguez Barrera, Jesús Escamilla Casarrubias y Francisco Moreno Merino solicitaron ir más allá y pedir al Ejecutivo la destitución de la funcionaria, lo que no prosperó, pero sí llevó a los diputados Silvia Irra, Hortencia Figueroa y José Manuel Tablas Pimentel, a señalar que, si no hay eco en el exhorto, entonces sí procederían a solicitar el cese de la directora Verónica García, siempre en un marco de respeto a las facultades del Ejecutivo.

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